CSJ se pronuncia sobre caso de residentes de Villa Esperanza y evita desalojo

Los residentes de Villa Esperanza, en el distrito San Miguelito, no serán desalojados de las tierras que ocupan, luego que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo, declarara “no probada” una acción de desacato interpuesta al acalde Gerald Cumberbatch y otros funcionarios municipales por parte de la Asociación Ecológica de Los Andes No. 2 (ASEDELA), una medida que a su vez buscaba el desalojo de más de 100 familias que viven en la citada comunidad.

“Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara No Probada la querella por desacato promovida por la firma Bureau de Asesoría y Cobros Eficientes, en nombre y representación de la Asociación Ecológica de Los Andes No. 2”, contra los funcionarios del Municipio de San Miguelito y la representante el corregimiento de Omar Torrijos Herrera, “por el supuesto incumplimiento de la sentencia de 20 de marzo de 2002”, precisa la CSJ en su fallo del 13 de abril de 2018.

Tras conocerse la decisión de la máxima corporación de justicia, las autoridades municipales de la Alcaldía de San Miguelito se reunieron en la mañana de este viernes, 8 de junio, con un grupo de residentes del mencionado sector para comunicarles los que para ellos representa una buena noticia.

De acuerdo a Melquiades Vallejos, director de Catastro y Tierra del Municipio de San Miguelito, el fallo de la Corte deja claro que el Alcalde del distrito no ha incurrido en ninguna violación y tampoco ha violentado la prohibición que sostenía en su momento la CSJ, “puesto que no se ha dictado (en la administración de Cumberbatch) ninguna resolución de adjudicación a favor de las personas que viven en ese lugar; de manera tal que permanece nula la adjudicación, pero el fallo no habla de desalojo, por lo que no existe ninguna orden de hacer en contra de los moradores de Villa Esperanza”.

Agregó, además, que luego de este fallo corresponde a la autoridad de Mi Ambiente hacer los estudios correspondientes para determinar si en efecto este lugar guarda las referencias científicas para ser considerado como parque forestal y en su defecto establecer qué superficie debe ser reconocida por ley como tal. De igual forma, le corresponderá a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) “delimitar a través de coordenadas y rumbos cuál es el sitio específico que puede presentar una falla en el suelo y cuál el sitio que debe ser protegido como parque forestal”.

Destacó que al finalizar estas diligencias por parte de estas dos instituciones, se podrá saber cuál es el área que queda libre y establecer con seguridad la posibilidad de volver adjudicar a las personas las áreas que no están en riesgo para que se puedan legalizar.

Please follow and like us:
Arriba
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial